«“En el mes de abril crecimos 7%, en mayo de 2013 tuvimos un crecimiento de 7,8% de la actividad económica, y en comparación con el año pasado estamos creciendo en el acumulado del año 4,9%. Esto se percibe más allá de toda la mala onda que quieren tirar, pero para esos tenemos las vacunas JAJA»”. (Cristina Fernández, 17 de julio 2013)

El modelo económico K ha ingresado en la fase del ‘sinceramiento brutal’. La Presidenta decidió transitar este camino aciago con un único objetivo en vista: finalizar sin una crisis mayor y de la mejor manera posible su mandato el 10 de diciembre de 2015. Es una meta loable que los principales candidatos a presidente de la oposición todavía no saben apreciar.

En la intimidad de Olivos es probable que Cristina haya preguntado más de una vez a Axel Kicillof “¿cómo fue que llegamos hasta acá?”, “¿qué pasó si en diciembre de 2011 estaban dadas las condiciones para ir por todo?”. Es probable, a juzgar por sus discursos, que Cristina haya deseado llegar a diciembre de 2015 con el dólar a $ 5, sin tarifazos, con inflación del 10% y tasas de crecimiento récord según el Indec. Tal vez hasta se le cruzó un instante por la cabeza dejar el poder denunciando el ‘golpe de mercado’, aunque fuese arduo explicar por qué los ‘mercados’ se ensañaron con ella mientras premian a Evo Morales, en el contexto internacional más favorable en décadas para la región desde el punto de vista del financiamiento y de los precios de las exportaciones.

Puras especulaciones. Lo cierto es que llegado a este presente inimaginable para el kirchnerismo Cristina ha optado por aceptar los límites de la realidad.

La semana pasada dio dos pasos importantes en ese sentido. Al ‘sincerar’ los datos de crecimiento del 2013 el Estado se ahorra de pagar unos u$s 3.000 millones del cupón PBI, el 11% del total de las reservas del Banco Central, claves para garantizar el pago del resto de la deuda. Los acreedores perjudicados argumentan que es una ‘truchada’ ajustar el dato de crecimiento del estimador de actividad económica del 4,9% en 2013, como unas semanas antes había publicado el propio INDEC, a un crecimiento del PBI de 3% solo por el cambio de base de medición de 1993 a 2004. (El pago del cupón se gatilla con un crecimiento superior al 3,22%)

Sin embargo, también era una ‘truchada’ esperar cobrar el bono aprovechándose de las mentiras del INDEC. Según la consultora Ecolatina, con base 1993, el aumento del PBI el año pasado fue de 2,9%, en línea con la medición del índice Congreso. Mientras que con la nueva base, de 2004, el crecimiento redondeó 2,6%.

Es difícil que INDEC revise la serie de crecimiento para atrás. Como sucede con la inflación, el Gobierno propone una autoamnistía para la historia estadística: olvido y perdón para los que dibujaron la inflación. Esa revisión para el período 2007-2012 supondría otra verdad incómoda: según el INDEC, en esa etapa se creció al 5,4% anual; pero para Ecolatina, con la nueva base, el crecimiento habría sido de solo el 3,2% anual, frente al 6% promedio de las economías emergentes y al 3,7% de Latinoamérica. Igual o menor crecimiento que la mayoría de los países de la región con tres a cinco veces más de inflación.

El recorte de los subsidios de gas, agua y (próximamente) luz es una medida antipática. Aún sin la eliminación total de la subvención, los aumentos en las boletas alcanzan al 285% en gas y al 400% en agua. La mejor prueba de la magnitud de la distorsión acumulada en 7 años. Sólo la mala praxis previa puede explicar que haya que aplicar semejante ‘sinceramiento’ justo cuando el consumo se desploma, la economía se estanca, la inflación supera el 30% anual y todavía se negocian paritarias. Pero no había otra alternativa.

Con la poda de subsidios el equipo de Kicillof apuesta doble. Por un lado, a achicar el déficit fiscal y la emisión de pesos. El primer paso en gas y agua redundaría en un ahorro fiscal de unos $ 10.000 millones, casi 8% del total de subsidios económicos del año pasado ($ 130.000 millones). Todavía hay mucho por recorrer.

Por otro lado, la idea es ahorrar dólares. Se supone que la suba del costo de la energía para los usuarios domiciliarios reduciría la importación de combustibles (gas natural de Bolivia, GNL, y gasoil para las usinas termoeléctricas). Según Ramiro Castiñeira, de Econométrica, cada 100% de aumento real de tarifas energéticas las importaciones descenderían unos u$s 700 millones.

Quebrar la tendencia del aumento exponencial de los pesos circulantes y la caída veloz de los dólares en las reservas es imperativo. En diciembre de 2012, los pesos en circulación podían ser canjeados a $ 6,70 por cada dólar en las reservas del BCRA. En diciembre pasado, esa relación era $ 11,80. Y, según el Estudio Bein, en diciembre de este año llegará a $15,2, aún conteniendo salarios y jubilaciones por debajo de la inflación del 34%, con ajuste piso de tarifas energéticas del 100% y con un dólar oficial de $ 9,40 a fin de año. Si no ingresan dólares frescos extra al país, el fantasma de la corrida seguirá asustando.

Para pasar la gorra en el exterior la carta más fuerte que maneja la Rosada es tomar prestada la credibilidad de los que vienen (Scioli, Massa, Macri, Binner o Cobos, es lo mismo) para compensar la falta de credibilidad propia. “Banquen que yo hago el ajuste, pero lo suavizo emitiendo deuda en dólares que van a pagan ustedes”, es la oferta de Cristina.

Otro sinceramiento en marcha es la discusión salarial en base a los nuevos datos de inflación. Ya ningún gremio festeja 30% de aumento como solía anunciarse en una época en la Casa Rosada acuerdos de porcentajes inferiores. El Gobierno intenta fijar ahí el techo, como ancla de la inflación, aunque dicha desaceleración se producirá por el bajón del consumo antes que por un menor traslado de costos.

Habrá que ver cómo reacciona Cristina ante la presión de sindicatos por la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. Este año la caída del salario real será para todos y todas. Pero el ajuste golpeará mucho más duro a jubilados (la suba del 11% de marzo ya se la comió la inflación del primer trimestre) y trabajadores en negro (la asignación por hijo está congelada desde septiembre) si no existe una rápida respuesta estatal para compensar una inflación de alimentos cercana al 45% anual.

Ante este panorama, nadie debería soñar con el sinceramiento de las cifras de pobreza e indigencia, que el INDEC ya ni siquiera publica. Sería un sincericidio político.

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